Santa Fe es una de las cinco provincias argentinas que no adhirió a la ley nacional de alcohol cero al volante, que lleva más de un año de vigencia, y en la Legislatura se renueva por estos días el debate, no exento de fuertes polémicas sobre la implementación de un sistema que presenta dudas por la efectividad de los aparatos utilizados.

Así lo planteó en El Tres el ex director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Osvaldo Aymo, quien ya se oponía a dicha normativa cuando estaba en ese cargo, pese a un intento (fallido) del gobierno de Omar Perotti de instalarla ya que sólo rige por ordenanza en unas pocas ciudades, entre ellas Rosario.

Ante una nueva avanzada de la actual gestión santafesina, el ex funcionario sostiene que la tolerancia cero “no tiene sentido”, principalmente porque no se puede garantizar su instrumentación a partir de que no son infalibles los alcoholímetros.

“Los aparatos no pueden dar cero, es un error y desde el punto de vista jurídico es una aberración. Un engaño”, expresó desde Santa Fe, en diálogo con la periodista corresponsal Ivana Fux.

Y argumentó: “En los países que penan a los conductores –por presencia de alcohol en sangre–, como Estados Unidos o Inglaterra, que no tienen tolerancia cero sino 0,8, la Justicia dice que el Estado no tiene un aparato que sea indubitable para no avasallar los derechos. Si hubiera un aparato indubitable, entonces sí”.

En ese plano argumentativo, Aymo detalló que “el grado de error, según lo que dice el Inti (por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial), es de 0,05” pero “con algunos factores como alcohol sanitizante, el margen de error en la medición llegó a 0,3”.

Recordó que al frente de la APSV inició personalmente un expediente a raíz del caso de un automovilista testeado por personal de la Agencia el año pasado en Soldini, a quien una primera medición le dio le dio 0,91, “es decir, casi un gramo de alcohol por litro de sangre”.

“Esta persona dijo: ‘Señores, yo no tomé, hace cuatro años no tomo, tiene que haber una contraprueba’. Veinticinco minutos después se la hicimos con el mismo alcoholímetro y le dio cero. Nadie me pudo explicar qué había pasado”, repasó ex especialista en gestión y seguridad vial.

Por eso recordó que “todo conductor que esté en una jurisdicción con (la norma de) alcohol cero, tiene derecho a exigir los certificados de homologación del aparato dado por el Inti y también de la última calibración, que debe ser cada seis meses como dice la ley”.

Además, el ex funcionario provincial señaló que “la pipeta tiene que ser con válvula antirretorno” y si el automovilista no está de acuerdo con el nivel arrojado por el test, tiene derecho a pedir una contraprueba. Y fue más allá. “Si aún la duda persiste, a mí me sacan sangre, porque la ley dice ‘alcoholemia’”.

Durante la última semana, el actual director de la APSV, Carlos Torres, confirmó, también en El Tres, que el Ejecutivo toma como propio el proyecto presentado en la Legislatura por el diputado provincial Fabián Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía) para una ley de alcoholemia y narcolemia, que la Cámarabaja comenzó a tratar días atrás en comisión.

Dicho texto, el segundo de ese tipo que se impulsa en Santa Fe, propone que conductores de cualquier vehículo motorizado que circulen con cualquier grado de alcoholemia superior a cero o bajo efectos de drogas sea multado con 300 a 1.000 unidades fijas (de 160 mil a 525 mil pesos) e inhabilitación para conducir de entre 15 días y dos años.

Torres aclaró que la idea es “segmentar” el castigo según la gravedad de la falta (“que no sea lo mismo 0,2 o 0,3 que 0,8 o 1”, ejemplificó) y que “en casos de alcoholemia muy alta”, el conductor tenga que “volver a rendir para obtener nuevamente la licencia, ademas de pagar”, ya que “muchos tienen dinero y no les importa pagar una multa”.

“Que se tenga que esforzar, estudiar y volver a rendir”, machacó el funcionario, y mencionó también la posibilidad de agregar “un test psicofisico” a los requisitos a cumplir para seguir manejando, por más que su carnet esté vigente.

Finalmente, el proyecto de Oliver también contempla que las personas detectadas con alcoholemia o narcolemia al volante deberán someterse a un curso de reflexión y revisión de conducta dictado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial.