Este sábado 16 de noviembre se cumplen 50 años de los secuestros y asesinatos de Marta Zamaro y Nilsa Urquía. Ambas eran abogadas y Zamaro además trabajadora del Nuevo Diario de Santa Fe. Ambas fueron torturadas y asesinadas por un grupo parapolicial denominado Comisión Anticomunista del Litoral. El médico de la policía concluyó en la autopsia que “habían sido sumergidas en el agua cuando se encontraban vivas”.
A continuación compartimos un informe sobre el caso, que fue enviado a este portal por activistas de derechos humanos.
Textual
A las 14:15 horas del sábado 16 de noviembre de 1974 el vecino Daniel Enrique Castro, de -entonces- 24 años, de profesión viajante y domiciliado en Progreso, viajaba hacia Esperanza, y al pasar frente a los puentes del Arroyo Cululú vio desde allí a una persona flotando en las aguas, presuntamente ahogada. Con celeridad comunicó la novedad a la Comisaría Primera de Esperanza desde donde se envió a personal policial y del cuerpo de Bomberos. Finalmente, pasadas las 16 horas, se retiraron dos cuerpos inertes del arroyo.
Se trataba de Marta Zamaro y de Nilsa Urquía. En la zona se encontraron marcas de neumáticos, de ingreso y de salida del lugar.
Nilsa María Urquía había nacido el 10 de noviembre de 1942 en la localidad de Ordoñez, Provincia de Córdoba. Estudio abogacía en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en Santa Fe. Se recibió e integró la Asociación de Abogados de Presos Políticos en esa ciudad. Tenía 32 años. En tanto, Marta Adelina Zamaro de 29 años, nació en la ciudad de Santa Fe el 3 de enero de 1945. Fue maestra, escribana, procuradora, abogada, periodista y enfermera universitaria, y tenía 29 años.
Las exhumaciones determinaron que la causa de ambas muertes había sido asfixia por inmersión ya que fallecieron ahogadas al ser lanzadas vivas y maniatadas a las aguas. Firmadas las autopsias por los doctores esperancinos Jorge Alberto Allin y Milcíades César Echagüe, las mismas describen que el cuerpo de Zamaro presentaba tres heridas punzo cortantes y contusiones múltiples “producidas por un elemento romo y rígido” en la cara anterior de las piernas y en la cara interna de ambos muslos; también escoriaciones en ambos codos, brazos y antebrazos, así como en las regiones torácica anterior, posterior, región frontal y nasal. Los genitales externos, dicen los médicos, no presentaban signos de violencia. En el cuerpo de Urquía, no se observaban signos de violencia ni lesiones. Habrían muerto –indican los documentos- entre 24 y 36 horas antes del hallazgo de sus cuerpos.
Las fotos que pueden verse en el expediente de la época son bastantes gráficas: vendas en la cara, trapos en la boca, las manos atadas con tiras de telas, cuerpos golpeados.
Los antecedentes y contexto
Nuevo Diario fue una creación de Marcos Bobbio que se valió del trabajo de gráficos y periodistas que venían de la inédita experiencia de una huelga de más de 20 días en El Litoral en 1968. Ese plantel altamente sindicalizado fue el artífice de un matutino que renovó el lenguaje periodístico de la ciudad, anquilosado desde que desapareciera El Orden en 1955.
Y también fue el protagonista de numerosos conflictos con su patronal, el más grave de ellos -previo a su cierre el 24 de marzo de 1976- producido desde fines de julio de 1973 cuando Bobbio decidió implementar el sistema de off-set. La nueva técnica implicaba una reconversión del matutino y el despido de numerosos trabajadores gráficos. El diario cerró durante varios meses, en los cuales hubo protestas y tomas del edificio. Para la preparación de la nueva tecnología con que aparecería Nuevo Diario Color el 13 de diciembre, fue convocada María de los Ángeles “Pocha” Pagano, quien llevó a trabajar, entre otros, a Marta Adelina Zamaro.
Ambas habían sido militantes estudiantiles y luego del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Marta Zamaro era abogada además y compartía departamento con Nilsa Urquía, una colega con quien actuaba en la Comisión de Defensa de Presos Políticos.
Lista de condenados varios
En octubre de 1974 llegó a Nuevo Diario la “condena” dictada por el Comando Anticomunista del Litoral (CAL) a un significativo número de trabajadores y trabajadoras, tanto de redacción como de talleres. Esa nómina estaba compuesta, entre otros, por Alcira Ríos de Córdoba y su esposo Luis “Tatino” Córdoba, Marta Zamaro y “Pocha” Pagano. La lista tenía una particularidad que llamó la atención desde ese momento hasta hoy: la inclusión de una persona que no formaba parte del staff del diario, Nilsa Urquía, ya que ella trabajaba en el Urquía, en tanto, trabajaba en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia.
Nuevo Diario consignaba que “según testigos presenciales”, “un grupo de desconocidos” las capturó y las introdujo en un automóvil que los aguardaba. Algunos días después publica: “Se sabe que durante el hecho se sintieron gritos y pedidos de auxilio, sin que los asesinos dejaran por eso de cumplir su objetivo y llevar a ambas por la fuerza”. Se estimaba por entonces que el operativo se había realizado por “personas extrañas a nuestra provincia”.
A las 7 de la mañana de ese día -14 de noviembre, Julián Mattiozzi, propietario del departamento que alquilaban las abogadas y habitante de la planta baja, comunicó telefónicamente a la policía que la puerta de calle había sido violentada y que había papeles tirados en el piso. La inspección ocular del agente encontró desorden, un zapato de mujer y roturas en el camino hacia el departamento; llamó insistentemente a las inquilinas, pero nadie atendió. Luego, realizó averiguaciones en las inmediaciones en busca de testigos presenciales, pero no los encontró. La Seccional Séptima dio inicio a una investigación por “daño” a la puerta del domicilio.
Examinada aquella documentación encontrada en el camino hacia el departamento de las abogadas y, según dice el expediente, “presumiéndose podría estar relacionada a comunicaciones entre jefes extremistas”, se dio aviso de la novedad al Servicio de Informaciones de la Unidad Regional I y al Jefe de la Agrupación de Unidades Especiales. Personal de esta dependencia ingresó al departamento de las abogadas, con una orden del juez federal Elbio Cano. Se secuestraron cartas “de distintos tenores”, un grabador, varios cassetes, un ejemplar de Sindical Mundial, recortes de Nuevo Diario sobre hechos de violencia, pena de muerte y economía, ejemplares de Nuevo Hombre, Peronista, Frente, Cuaderno de Información Popular y un libro sobre la Revolución Cubana de Silvio Frondizi
Sentenciadas y ejecutadas
La condena comenzó a hacerse efectiva en la madrugada del jueves 14 de noviembre. Marta Zamaro y Nilsa Urquía, de 29 y 32 años respectivamente, fueron secuestradas de su domicilio de Diagonal Aguirre 2533 en la ciudad de Santa Fe. Después, ambas fueron torturadas y asesinadas por un grupo parapolicial denominado Comisión Anticomunista del Litoral (CAL), una especie de versión santafesina de la Triple A. Dos días después aparecieron sus cuerpos flotando en el arroyo Cululú, a unos 12 km de Esperanza.
Sin embargo, algunos nombres que aparecen en la causa aún pueden sugerir o aportar datos de interés. Para entonces, el Jefe de la Unidad Regional del departamento Las Colonias era Dante Héctor Maillier, un oficial que solía usar su casa de Santo Tomé para recibir, asados de por medio, a militares de entonces, sobre todo aquellos que revistaban en el Batallón de Anfibios.
El juez de instrucción que “tramitó el expediente” fue Néstor Latorre y su Secretario Danilo Guillermo Imhoff. Todas las fojas originales que constan en el mismo llevan a la nada. Está claro que no les interesó investigar el crimen. Seguramente, habrá habido órdenes de no hacerlo. La instrucción realizada en 1974 consta de alrededor de 200 páginas.
El primer parte policial del hecho lo confeccionó el entonces joven oficial Guillermo “el Gringo” Hagemann, que durante la democracia -y con Jorge Obeid como Gobernador- fue, desde enero de 1998 hasta diciembre de 1999 Director General de Drogas Peligrosas a nivel provincial, cuando el reconocido represor, comisario Héctor Romeo “Pollo” Colombini era subdirector de la citada Dirección. Luego, desde diciembre de 1999 hasta diciembre de 2000, Hagemann fue designado Jefe de la Unidad Regional XI Las Colonias, con sede en Esperanza.
En tanto, el ex policía y represor Colombini, que fue condenado, con sentencia firme, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Santa Fe y su zona de influencia, falleció el 20 de agosto de 2012, en una clínica privada de Santa Fe. Fue uno de los más activos miembros del grupo de tareas procesado en el juicio al ex juez federal Víctor Brusa, en diciembre de 2009.
Era uno de los jefes del Servicio de Inteligencia de la Policía santafesina -el D 2 y operaba como adscripto al Destacamento de Inteligencia 122 del Ejército. “Un integrante de la patota que hacía el trabajo sucio para luego desencadenar la cadena de horrores que sufrían sus víctimas”, lo definió el Tribunal Oral de Santa Fe que lo condenó a 23 años de cárcel por privación ilegal de la libertad y tormentos en seis casos. Un torturador que operaba “con el mayor grado de perversidad y deshumanización”, según lo calificaron los propios jueces.
El Tribunal Oral Federal conformado por Roberto Manuel López Arango, Andrea Alberto de Creus, Carlos Renna, condenó a 23 años de prisión al ex policía, junto con Víctor Brusa, Juan C. Perizzotti, Mario José Facino, Eduardo Ramos y María Eva Aebi. La sentencia se dictó el 22 de diciembre de 2009 y Colombini fue el único de los seis acusados que se mantuvo en silencio durante todo el juicio. A pesar de su sentencia por los delitos imputados, nunca cumplió su condena en una celda carcelaria porque su estado de salud lo benefició con arresto domiciliario hasta su fallecimiento. Tenía 62 años.
El expediente
¿Qué investigaron la policía y la justicia en 1974? Investigaron cuál era el estado de ánimo de las víctimas, quién las visitaba, a qué horarios, por qué Urquía iba a viajar a México, con quiénes hablaban por teléfono, quién limpiaba el departamento, si habían escuchado ruidos extraños la noche del secuestro. Preguntas de ese tenor se les realizaron a los hermanos, vecinos y empleados de la agencia de viajes con la que operaba Urquía. Nadie había escuchado nada, pese a las informaciones publicadas en los diarios.
Se enviaron oficios también a los lugares de trabajo de ambas, solicitando que revelen el último día en que asistieron a trabajar, hora en que se retiraron y nómina de sus compañeros inmediatos. Salvador Rizuli, director del Registro de la Propiedad de la Provincia, y Alfredo Sahd, director de Nuevo Diario respondieron rápidamente a todas las preguntas del juzgado. Así, el último movimiento de la investigación que se asienta en el expediente inicial es del 30 de abril de 1975.
Reapertura de la causa
Luego en 2011, 37 años después de efectuados los crímenes, a instancias de la familia Zamaro y de la Asociación de Prensa de Santa Fe -quienes se constituyeron como querellantes- la causa fue reabierta y los crímenes declarados de lesa humanidad. No obstante, y según los particulares tiempos de la Justicia, en abril del 2015 el fiscal Walter Rodríguez reiteró un pedido que había formulado el año anterior para que se indague al ex jefe de la delegación local de la Policía Federal por los asesinatos de Marta Zamaro y Nilsa Urquía, donde lo acusaba de integrar la Triple A y de participar en la ejecución de los crímenes.
En dicho escrito, el fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez reiteró al juez Rubén Reinaldo Rodríguez el pedido para que llame a declaración indagatoria al ex jefe de la delegación local de la Policía Federal José Luis Díaz sindicado como integrante de la banda paraestatal Triple A que secuestró, torturó y asesinó a las abogadas Marta Adelina Zamaro y Nilsa María Urquía en noviembre de 1974. La presentación del representante del Ministerio Público, formulada el martes 7 de abril de 2025, fue la reiteración de un pormenorizado requerimiento de indagatoria presentado el 27 de agosto de 2014, que el juez Rodríguez nunca resolvió, respecto al comisario de la Policía Federal en Santa Fe José Luis Díaz como responsable de liberar la zona, hacer inteligencia y autoridad de la fuerza que nutrió la estructura paraestatal responsable de los crímenes.
En la causa quedó establecido que durante el secuestro de las dos mujeres fue liberada la zona y que, al día siguiente, policías de la delegación a cargo de Díaz se hicieron presentes en una agencia de turismo con una copia del recibo de pago de un viaje que Urquía pensaba realizar a México. Los efectivos querían averiguar la fecha de embarque. El fiscal además ponderó testimonios que indicaron que ambas víctimas estuvieron privadas ilegalmente de su libertad en la delegación de la Policía Federal.
En ese sentido, consideró que Díaz “brindó cooperación intelectual y material indispensable para que los subordinados llevaran adelante la comisión de los hechos ilícitos en cuestión, garantizando su ulterior impunidad”.
Rodríguez explicó que “existe un grado de sospecha suficiente de que sin su determinación, sin su intención y su compromiso con las órdenes emanadas de la cúpula de la Policía Federal Argentina y del Ministerio de Bienestar Social, los mismos no podrían haber acaecido”. La alusión a la cartera dirigida en 1974 por José López Rega tiene relación con los antecedentes incorporados a la causa sobre la constitución de la Alianza Anticomunista Argentina, el abastecimiento de recursos desde aquella sede ministerial y su labor criminal desarrollada en Santa Fe con miembros de la Policía Federal y del Ejército.
Pero, nuevamente las dilaciones judiciales dejaron inconclusa la diligencia hasta su extinción por el fallecimiento de Díaz.
Sorprendente descubrimiento: un informe en Brasil
Ahora, una trama iniciada hace diez años en Brasil, llevó a la detención y declaración indagatoria de un hombre que, según el fiscal Martín Suárez Faisal, se infiltró en el PRT-ERP santafesino y tras tres años de “trabajo” logró la “represión” (“entre detenidos y muertos”) de 147 personas de una lista de 150 que había logrado recabar.
La documentación hallada tras el asesinato de un ex militar en Brasil hace diez años develó la infiltración de un agente civil de inteligencia del Ejército en el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Santa Fe y la trama en la que se produjeron los crímenes de Marta Zamaro y Nilsa Urquía. En la causa hay un detenido por primera vez en 50 años.
El 25 de abril de 2014 el coronel retirado brasileño Paulo Malhães fue asesinado en Río de Janeiro. Un mes antes declaró en la Comisión Nacional de la Verdad de ese país. Fue el primer militar en admitir su participación en los crímenes de la dictadura que se extendió entre 1964 y 1985. “¿Cuántos murieron? Todos los que eran necesarios”, declaró. En el transcurso de las investigaciones por este asesinato fue descubierto en casa de Malhães un documento titulado “Operaçao Gringo/Caco”, luego entregado a la CNV de Brasil y girado posteriormente a nuestro país.
En el Anexo N° 11 de ese documento, fechado el último día de diciembre de 1979, se detallan las actividades del PRT-ERP en Argentina, donde se adjunta “un resumen de las actividades de nuestro infiltrado en Brasil, un historial de sus actividades como agente y un historial del PRT-ERP donde se puede medir su nivel político”. Este documento pasó a formar parte de las investigaciones judiciales por los crímenes cometidos en el marco de la «Operación Cóndor», tal como se conoció a la colaboración en la represión ilegal de las dictaduras latinoamericanas.
El resumen al que se refiere es el “Informe sobre el PRT de Argentina y mi actividad dentro de él”, confeccionado por un miembro del servicio de informaciones del Ejército Argentino, infiltrado en el PRT bajo el alias de Mario Maldonado. La investigación realizada por la fiscalía determinó que Mario Maldonado es en realidad, el santafesino Gabriel Benjamín Kesler.
Gabriel Kesler mantuvo en sus redes posteos en contra del gobierno, como si fuera un militante opositor, lo hizo hasta el 14 de agosto de este año antes de ser detenido. Actualmente esas mismas redes fueron dadas de baja. La Asociación de Prensa de Santa Fe y los familiares de las abogadas asesinadas aguardan que el juez federal Reinaldo Rodríguez decida el procesamiento de Gabriel Benjamín Kesler, el “topo” que se jactaba de haber delatado a 147 militantes y que ahora está alojado en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
El infiltrado o el “Iosi” santafesino
El informe firmado por Maldonado-Kesler es un detallado relato de su reclutamiento por parte del servicio de informaciones del Ejército y las actividades que realizó como tal dentro del PRT en la ciudad de Santa Fe.
En el libro periodístico Iosi, el espía arrepentido de Miriam Lewin y Horacio Lutzy y en la premiada serie del mismo nombre dirigida por Daniel Burman, se relata la historia de un agente de inteligencia infiltrado en la comunidad judía argentina para recopilar información que posteriormente se utilizó para consumar los ataques terroristas a la Embajada de Israel y a la AMIA.
En Santa Fe no hubo arrepentido, pero sí infiltrado.
En 1972, cuando Maldonado-Kesler contaba con 16 años, se le propone trabajar como parte del servicio de inteligencia, lo que él acepta. Como tal, comenzó integrándose al Comando Jorge Alejandro Ulla. También participó de la Escuela de Cuadros del PRT, donde conoció a César Zerbatto, responsable político de la Regional Santa Fe del PRT desaparecido el 16 de noviembre de 1974, el mismo día que fueron hallados los cuerpos de Zamaro y Urquía.
Posteriormente asiste al Congreso del Frente Antiimperialista por el Socialismo en Rosario, y de regreso a Santa Fe se hace cargo de la Zona Norte de la Juventud Guevarista. En uno de los puntos más escalofriantes del informe Maldonado-Kesler su autor señala: “Cómo sería la confianza y jerarquía que había ganado que se me encomienda llevar a Buenos Aires todas las fichas personales que la organización tenía de sus miembros, en las que constaban todos sus datos, menos el nombre, lo cual contando con lo demás, resultaba simple averiguar para nuestro Servicio”.
Sin embargo, más estremecedora aún es la narración en la que se da cuenta de que “la superioridad da por terminado este trabajo mío, de casi tres años, y lanzamos la represión, que en menos de un día terminó con la Regional Santa Fe del PRT, incluyendo su DR [Dirección Regional]. Sobre una lista de 150 personas que teníamos confeccionadas, fueron detectadas, entre detenidos y muertos, 147 de ellas”, liberándose de los operativos “solamente yo mismo y un matrimonio que pudo huir, pero que está localizado en Francia”.
Maldonado-Kesler asegura que ya en dictadura fue parte de la Organización Comunista Poder Obrero con el fin de detectar personas en EnTel y Fate, que terminaron en “detenciones”.
En el colmo de la jactancia, el autor del informe relata que dictó conferencias sobre infiltración en la Policía Federal Argentina y que en febrero de 1979 fue seleccionado por sus superiores para trabajar “a través de los refugiados”. También expone la información que recabó en Brasil sobre agrupaciones y militantes políticos que se encontraban exiliados allí.
Maldonado-Kesler
Varios testigos a lo largo de la causa aseguraron que conocían a un tal Mario. Realizaron una descripción de sus rasgos físicos, lo ubicaron en el Congreso del FAS, en la lucha por el medio boleto estudiantil, destacaron su juventud e incluso se hizo un reconocimiento fotográfico.
En el informe de referencia, Maldonado-Kesler brinda algunos detalles acerca de su vida personal (que luego fueron contrastadas con testimonios) y otros de los que se puede inferir la cobertura brindada por las fuerzas de seguridad mientras actuaba.
En julio de 1974 relata que fue detenido por la Policía Federal “que actuaba sin conocimiento de mi trabajo” y luego liberado. En los archivos judiciales consta un expediente caratulado “Kesler, Gabriel Benjamín – Regazzoni, Osvaldo Enrique s/ Infrac. Art. 213 bis del C. Penal” donde se sigue el derrotero de la detención realizada durante una manifestación de trabajadores del Frigorífico Nelson. También en julio de 1974.
Como se transformó en habitual en aquellos años, se comenzaron a recibir amenazas a militantes y/o periodistas. Poco antes (y después) del asesinato de Zamaro y Urquía, a Nuevo Diario llegó una “condena” a periodistas y otros trabajadores firmada por el Comando Anticomunista del Litoral. En octubre de 1974 los diarios publicaron que la misma organización había distribuido las condenas a muerte “por traidores a la patria” a un extenso grupo de personas y, bajo el rótulo de comerciantes, a Kesler (hijo). Posteriormente, y tal como señala el Informe Maldonado-Kesler “se ametralla mi casa, y el hecho repercute pues mi padre es un conocido empresario de la ciudad y mi novia [se refiere a Indiana Bonfanti] hija del presidente de la Bolsa de Comercio. La DR decide mandarme a Buenos Aires”.
La reconstrucción realizada por la Fiscalía en base a testimonios e indagaciones varias indican que el padre de Maldonado-Kesler era entonces dueño de la Talabartería El Bagual, ubicada en 9 de julio y Mendoza de Santa Fe y que el ahora imputado trabajaba allí. El suegro del entonces joven había sido hasta 1973 el presidente de la Bolsa de Comercio, Alfonso Bonfanti.
Después de estas amenazas el autor del Informe asegura haber sido secuestrado, torturado y luego liberado por la “Triple A”, lo que, a entender de la Fiscalía, indica un “alto grado de probabilidad de que Kesler haya tenido que develar su verdadera identidad a sus torturadores para preservar su vida y obtener rápidamente su libertad”.
Detención e indagatoria
La Fiscalía solicitó el 2 de agosto de este año la detención de Gabriel Benjamín Kesler y Pericles Ariel González (éste por la privación ilegal de la libertad en la causa Kesler-Regazzoni). El día 15 de ese mes, luego de su detención en Buenos Aires, Kesler fue trasladado a la ciudad de Santa Fe para prestar declaración indagatoria frente al juez Reinaldo Rodríguez.
Se le imputa que, como personal civil de inteligencia del Ejército Argentino (al menos entre los años 1972 y 1974) infiltrado en el PRT de la ciudad de Santa Fe y cuyo accionar fue detallado en un anexo, de su autoría, en el documento “Operaçao Gringo/Caco”, posibilitó y/o intervino en el secuestro y homicidio de Marta Zamaro y Nilsa Urquía, la desaparición de César Zerbatto y la privación ilegal de la libertad y torturas sufridas por Osvaldo Regazzoni.
En su defensa, Kesler aseguró haber militado en el PRT en su juventud y que fue “una víctima” de lo que se le imputa. Agregó desconocer a Zamaro, Urquía, Zerbatto y Regazzoni, incluso haberlos sentido nombrar, pese a que, como supuesto militante del PRT, Zerbatto era su jefe político y haber sido detenido junto a Regazzoni.
Luego de la declaración indagatoria, que a entender de la Fiscalía no revierten el estado de sospecha contra Kesler, se solicitó su procesamiento y prisión preventiva dado que los delitos imputados están calificados como crímenes de lesa humanidad. Junto a la familia de Marta, la Asociación de Prensa de Santa Fe impulsó la reapertura del caso en 2011 siendo actualmente querellantes en la causa. Marta Zamaro, una de las víctimas, trabajaba en el diario Nuevo Diario y era delegada gremial.
Así, el último 28 de octubre, el Juez Federal Reinaldo Rubén Rodríguez dictó el procesamiento, con prisión preventiva y embargo de bienes, de Gabriel Benjamín Kesler por “considerarlo presunto partícipe necesario de las privaciones ilegítimas de la libertad, agravadas por haberse cometido con violencias y amenazas, tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos, y homicidios -agravados por haberse cometido con ensañamiento y alevosía de las abogadas Marta Zamaro y Nilsa Urquía, y de César Zerbatto, y de la privación ilegítima de la libertad, agravada por haberse cometido con violencias y amenazas y tormentos, agravados por tratarse de perseguidos políticos, en perjuicio de Osvaldo E. Regazzzoni; todos ellos en concurso real”, en el marco de un plan sistemático de persecución y represión ilegal llevado a cabo por la última dictadura militar.
El juez Rodríguez señaló que la prisión preventiva de Kesler se justifica debido a la gravedad de los delitos ya que se trata de crímenes de lesa humanidad con penas severas. El juez consideró también el riesgo de fuga ya que Kesler intentó eludir a la justicia al enterarse de la orden de detención en su contra -hubo que ordenar su captura nacional e internacional, asentándose en las notificaciones rojas de INTERPOL, además del riesgo de un entorpecimiento de la investigación. Finalmente, el fallo ordena un embargo sobre los bienes de Kesler por diez millones de pesos.
