Un policía identificado como Pablo Pérez quedó en prisión preventiva, este viernes, imputado por haber destruido pruebas en el marco de una causa de la Justicia Federal que involucra a otro uniformado. La causa es tramitada por el fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad de Violencia Institucional y Delitos Complejos, quien imputó a Pérez en una audiencia realizada este viernes al mediodía en la sala 6 de los tribunales santafesinos.

El policía implicado contó con la asistencia del abogado particular Martín Peón, quien acordó la prisión preventiva. El juez penal Gustavo Urdiales presidió la audiencia, avaló el acuerdo entre las partes y dictó la prisión preventiva del personal policial. Los hechos atribuidos al imputado ocurrieron entre julio y agosto de este año, y el imputado aprovechó su trabajo en la División Judicial de la URI para cometerlos.

Destrucción de evidencia

Entre el 4 de julio y el 7 de agosto Pérez inutilizó un celular marca Iphone 7 de color negro y su tarjeta SIM que habían sido secuestrados en el marco de una investigación penal al empleado policial esperancino Matías Cosentini y se encontraban destinados a servir como prueba tanto en la investigación que tramitaba en la justicia provincial (en la que se intentaba determinar las circunstancias en la que el policía había “extraviado” su arma reglamentaria y por la que se le había secuestrado el celular) como en la Justicia Federal en una causa tramitada en la Fiscalía Federal Nº 1 de Santa Fe.

Por la segunda, Cosentini se encuentra en prisión desde principios de agosto, cuando fue detenido junto a Lucas Gabriel Nos, jefe de la Brigada de Drogas de Esperanza, que funciona en el edificio de la Jefatura de la Unidad Regional XI, pero depende operativamente de Santa Fe. Ambos son investigados por malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.

El celular de Cosentini había sido secuestrado por la Justicia provincial un par de semanas antes de su detención por orden del fiscal Ezequiel Hernández; cuando el fiscal supo de la posterior detención del policía comunicó a la Justicia Federal que tenía el celular secuestrado. Entonces se requirió la pericia urgente del aparato y se advirtió entonces que había sido adulterado.

En relación a la destrucción del teléfono de Consentini endilgada al policía Pablo Pérez, Hernández detalló que la maniobra de obstrucción de la Justicia fue realizada aprovechando Pérez que el aparato celular “se encontraba bajo su esfera de custodia -por su condición de empleado de la policía provincial y cumpliendo funciones en la División Judicial de la URI”.

Pérez hizo esto con la finalidad de ayudar a Cosentini a eludir las investigaciones referidas, “alterando y haciendo desaparecer pruebas, puesto que no se pudo acceder a la información contenida en el teléfono inutilizado ni en la tarjeta SIM”.

Sin embargo, esto no fue todo, Hernández agregó que Pérez, “a los fines que su maniobra no sea descubierta, destruyó el DVD que registraba en audio y video la requisa realizada en el domicilio de Cosentini el 4 de julio de 2023 -el cual se hallaba en la foja N° 11 del legajo de investigación fiscal que en ese momento se encontraba en la División Judicial- y lo reemplazó por un soporte del mismo tipo, pero sin archivo (es decir, era un disco en blanco)”.

Para esto, Pérez reemplazó la foja referida (que estaba firmada por otro empleado policial), la rubricó el propio Pérez y “estampó su sello con el fin de otorgarle apariencia de legalidad, adulterando de esta manera el Legajo de Investigación Fiscal”.

Pérez fue imputado como autor de destrucción de objeto de prueba calificada por ser cometida por el propio depositario en concurso ideal con encubrimiento calificado por ser cometido por funcionario público, en concurso real con adulteración de documento público calificada por ser cometida por funcionario público con abuso de sus funciones.(arts. 45, 255, 54, 277 incs. 1 a, 1 b y 3 d, 55, 292 y 298 del CP).

La causa federal

Nos y Cosentini fueron detenidos en el marco de una causa que tramita en el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe y fueron recientemente indagados por el juez Reinaldo Rodríguez. Los policías aún aguardan la resolución judicial del magistrado, y fueron imputados como presuntos autores de los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento triplemente agravado (por tratarse de un funcionario público, de ser el hecho que precede un delito especialmente grave y por actuar con ánimo de lucro).

Los dos fueron detenidos a partir de una investigación judicial que se tramitó en la Fiscalía Federal Nº1 y que comenzó con una denuncia anónima que llegó a la sede judicial. Dicha denuncia fue acompañada de un video en donde apareció un presunto narcotraficante local (denominado de alto perfil) bajar de un auto de la Brigada de Drogas de Esperanza. Tal secuencia, se habría dado entre el 24 y 28 de febrero, y quedó grabada en un registro fílmico en donde también se vio un bolso con una importante suma de dinero.

El narco en cuestión fue detenido el 9 de agosto y se encontraba bajo la lupa de la Justicia federal y provincial luego de un procedimiento que realizó la policía el 14 de mayo en una casa de Castelli al 4300 de la ciudad de Santa Fe, que se originó por un llamado al 911 a raíz de un caso de violencia de género.

En ese entonces, los agentes que llegaron al domicilio y hallaron drogas, balanzas, armas de guerra, 500 proyectiles, dos miras telescópicas, un fusil y distintos cargadores.

Andrea Viñuela – Aire Digital