El dictamen de mayoría que La Libertad Avanza finalmente logró aprobar en la madrugada del miércoles en el plenario de comisiones de Diputados, mantuvo la potestad del Poder Ejecutivo de renegociar o rescindir contratos vigentes con el Estado, entre los cuales se encuentran los de obra pública. El artículo 33 del texto original de la Ley Ómnibus había encendido alarmas en los gobernadores, entre otros motivos, por la posible paralización de obras financiadas por la Nación en sus provincias.

El argumento esgrimido por el gobierno de Javier Milei para revisar o rescindir los contratos es que le habrían “generado un perjuicio al Estado”. Si bien tanto los integrantes del PRO, como la UCR y el bloque de Hacemos Coalición Federal acompañaron con su firma en general, presentaron 34 disidencias parciales. Entre ellas, una referida a este artículo contenido en el capítulo VIII de Contratos Vigentes, que no está en el paquete fiscal que el ministro de Economía, Luis Caputo, informó que retirarán del dictamen.

Las obras que quedarían frenadas

Al momento de asumir Milei, 197 obras de todo el país no tenían avance financiero, o sea los anticipos de fondos públicos requeridos para su continuidad.

Entre las obras mencionadas se encuentra el Nodo de Cuidados en Red de San Jerónimo Norte, que está en ejecución.

La obra surgió de una iniciativa entre el ex intendente Carlos Volpato y Natalí Bedini, del gobierno nacional.

Esta era financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Declaraciones

En su exposición ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el 11 de enero, el ahora ex ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, había relativizado el supuesto parate en la obra pública. “Durante el 2024, vamos a terminar todas las obras que están en ejecución, priorizando las que están en mayor grado de avance. Vamos a seguir ejecutando todo lo que es obra financiada por organismos multilaterales porque están financiadas. Hay vocación de los organismos de ampliar los préstamos para mitad de año”.

En la práctica, la cartera de Economía tiene pisadas las partidas para las obras que estaban en ejecución. El viernes último, al día siguiente de que se conociera la salida de Ferraro, el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, tenía previsto reunirse con empresas constructoras para hacer una presentación de las obras en curso y cuáles iban a priorizar su puesta en marcha, pero la reunión se suspendió sin nueva fecha confirmada.

En esa exposición en Diputados, Ferraro también había asegurado que iban a “incentivar” al sector privado para proyectos que tienen demanda, promoviendo “un ámbito donde se genere la inversión” en infraestructura. “Cuando nosotros hablamos de obra pública, lo que estamos proponiendo es un cambio cultural”. E invitó a los empresarios argentinos a “cambiar su cabeza y pensar que tienen que generar empresas que asuman el riesgo y que no estén supeditados a lo que el Estado les va a dar a través de un contrato”. Así lo ejemplificó: “Que asuman el riesgo para poner un tren a Vaca Muerta y que firmen los contratos con las empresas petroleras que están ahí. O que hagan un acueducto en Vaca Muerta para poder suministrarle el agua de una forma más eficiente y más barata”.

El entonces ministro explicitó en esa oportunidad la postura del gobierno de La Libertad Avanza: “El Estado se tiene que retirar de todo lo que puede hacer el sector privado, no solo económicamente, sino también todas las regulaciones. Pensamos que todo lo que pueda hacer el sector privado lo haga. Necesitamos 5 puntos del PBI para volver a poner la infraestructura en valor. Es imposible sin el sector privado porque son proyectos importantes”.

Fuente: San Jerónimo Noticias con información de Infobae