La Conferencia Episcopal Argentina publicó un comunicado en el que anunció que el pasado 31 de diciembre, último día del 2023, concluyó el proceso que había iniciado hace cinco años para la renuncia a la asignación mensual que recibían los arzobispos y obispos de todo el país. De este modo, la Iglesia católica ya no recibirá el aporte económico del Estado.

“La Conferencia Episcopal Argentina comunica que el último día hábil de diciembre de 2023, concluye, conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria e informado a la Secretaría de Culto, el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950″, detallaron en la página oficial.

El artículo 2 de la Constitución establecía que el gobierno federal debe sostener al culto católico y, además, la ley 21.950 de 1979 estableció que los arzobispos y obispos debían cobrar una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración del juez nacional de primera instancia.

“La Conferencia Episcopal Argentina comunica que el último día hábil de diciembre de 2023, concluye, conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria e informado a la Secretaría de Culto, el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950″, detallaron en la página oficial.

El artículo 2 de la Constitución establecía que el gobierno federal debe sostener al culto católico y, además, la ley 21.950 de 1979 estableció que los arzobispos y obispos debían cobrar una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración del juez nacional de primera instancia.

Cuando se debatió la legalización del aborto en el 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, también se reclamó la separación del Estado de la Iglesia, que implicaba el retiro del aporte económico. En ese contexto, la Iglesia anunció el inicio de un proceso para renunciar al aporte y puso en marcha un plan para su completo autosostenimiento en base a la contribución de sus fieles.

Finalmente, la renuncia al aporte del Estado fue aprobada en un plenario de obispos en 2018 por mayoría: “Esta renuncia es un gesto que hemos anunciado al Pueblo de Dios y a la sociedad en general ante los cuáles hemos empeñado la credibilidad de nuestra palabra”.