Una banda narco integrada por al menos tres policías (un jefe y dos subordinados) se encamina al juicio oral, luego de que los fiscales Jorge Gustavo Onel y Gastón Víctor Theler dieran por terminada la primera etapa de la investigación de la causa. Según habrían podido demostrar los funcionarios del Ministerio Público, los uniformados compraban droga a un conocido traficante santafesino y luego la distribuían en “kioscos” de la región. Además, les cobraban al proveedor y a los dealers por “protección”.

Los delitos ocurrieron al menos desde septiembre de 2022 hasta mayo de 2023. Los policías procesados son el excomisario Lucas Gabriel Nos, quien tenía entonces a cargo el grupo de trabajo de la Brigada Antinarcóticos de la Agencia de Investigación Criminal del departamento Las Colonias, y sus subalternos, el suboficial Matías José Cosentini y la oficial María Belén Muratore. Ellos están acusados -entre otras cosas- de malversación de caudales públicos, encubrimiento y omisión de los deberes de funcionario público. Ella, además, está imputada por falsificación de documentos públicos porque días antes de los arrestos habría fraguado el “libro de novedades” de su unidad para encubrir a su jefe.

Otro eslabón importante en la organización criminal era Daniel Carlos Segovia, quien recibía en Santa Fe grandes cantidades de estupefacientes que luego distribuía. Este hombre cayó en desgracia a partir de una denuncia de violencia de género que radicó su pareja el año pasado. Se mantuvo prófugo por algunos días, pero fue detenido y terminó firmando un juicio de procedimiento abreviado por tenencia de estupefacientes y de armas de fuego de uso civil y de guerra.

Además, están imputados en el caso Andrés Avelino Belizan, Andrea Delfina Córdoba, Rocío Guadalupe Córdoba y Sol Micaela Morel. Estas personas serían quienes se encargaban del narcomenudeo.

Negocio redondo

Todos los mencionados están acusados de conformar una asociación ilícita delictiva de carácter estable, con soporte estructural y división de roles, que tenía por objetivo final el tráfico de estupefacientes con finalidad de lucro, en las localidades que conforman el departamento Las Colonias de la provincia de Santa Fe (fundamentalmente en su cabecera ubicada en la ciudad de Esperanza, aunque también en Franck, Las Tunas, San Carlos, Progreso y San Agustín, entre otras).

Los fiscales sostienen que Nos, Cosentini y Muratore les cobraban por la droga provista a sus “clientes”, quienes también debían pagar a los uniformados una cuota por la “habilitación” y otra de “garantía/protección”. Como contraprestación, los agentes policiales no investigaban si sus protegidos eran denunciados y evitaban medidas intrusivas en sus domicilios. Esto explica los resultados negativos de varias investigaciones federales que se desplegaron en esa época.

Por otra parte, los policías denunciaban penalmente a aquellos “kioscos” que no acordaban, que no abonaban esa “cuota” en tiempo y forma o que de alguna forma se “excedían” de los términos pactados previamente. El fin era sacarlos del negocio, para que no sean competencia. Según se habrían comprobado, los uniformados llegaron a plantar droga (“embagayar”) el domicilio de alguno de estos dealers rebeldes para asegurar el resultado positivo del procedimiento.

Cadena de mando

“La recaudación de la ‘asociación’ se distribuía entre los miembros de la dependencia (Nos, Cosentini y Muratore), quienes mencionaban en las conversaciones que parte del provecho económico obtenido estaba destinado a escalas superiores de la cadena de mando policial”, afirman los fiscales.

“Los hechos imputados -agregan-, en cuanto denotan que los policías mencionados se asociaron con narcotraficantes dentro del territorio que debían preservar del delito, revisten una gravedad institucional que no puede soslayarse, ya que comprometen las responsabilidades asumidas por el Estado Argentino en materia de lucha contra el narcotráfico y contribuyen de manera directa a un aumento de la violencia social que impacta en toda la comunidad, pero muy especialmente en personas jóvenes pertenecientes a los sectores sociales más vulnerables. Así las cosas, todas las irregularidades evidenciadas a lo largo de la pesquisa deben ser evaluadas en el contexto de la causa, y no hacen más que poner al descubierto las gravísimas irregularidades en la gestión de contralor policial, en el período señalado”.

El teléfono

Al capítulo más importante de toda la investigación lo aportó el teléfono celular de Cosentini.

El aparato fue secuestrado a mediados del año pasado, un tiempo antes de que estalle el escándalo que originó esta causa.

Es que el suboficial denunció que había extraviado su pistola reglamentaria, lo que motivó la intervención del fiscal provincial Ezequiel Hernández, quien entre otras medidas ordenó el allanamiento de la vivienda de Cosentini (en Laguna Paiva) y el secuestro de su celular.

En otro episodio de incalificable gravedad, cuando los peritos fueron a buscar el aparato para someterlo a análisis se encontraron con que había sido destruido y el chip había sido cortado a la mitad dentro del depósito judicial.

Los datos pudieron recuperarse luego de una minuciosa tarea llevada a cabo por especialistas de la Gendarmería Nacional Argentina.

Las conversaciones recuperadas fueron fundamentales para que los fiscales puedan determinar con precisión el modus operandi de la banda.

Este lunes los fiscales Onel y Theler solicitaron a la Justicia Federal la remisión a juicio parcial, teniendo en cuenta que hay personas prófugas y que la investigación continúa con el objeto de determinar otras responsabilidades, tanto de niveles más altos de la cúpula policial como de otros presuntos narcotraficantes.

Otro jefe

En la misma investigación, otro jefe de Brigada Antinarcóticos de la Agencia de Investigación Criminal, pero del departamento San Jerónimo (con base en Coronda), Rubén David Moyano, está imputado por malversación de caudales públicos, encubrimiento y omisión de los deberes de funcionario público. No obstante, los fiscales no hallaron indicios de que formara parte de la banda y sólo tendría relación con algunos de los integrantes.

Por Joaquín Fidalgo – El Litoral