Pese a que la ley de drogas N° 23.737, sancionada en 1989, sigue vigente en Argentina, en la provincia de Santa Fe se dejará de perseguir a los usuarios de drogas. Es que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) implementará un cambio de paradigma en materia de persecución penal. El organismo buscará destinar sus recursos y acciones prioritariamente a combatir la oferta de sustancias.

La presentación de la nueva política sobre drogas del MPA se realizará en la Legislatura de Santa Fe el próximo 23 de mayo y estará a cargo de la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich.

En paralelo a las medidas del gobierno nacional tendientes a restringir el acceso al cannabis medicinal –se relentizó el sistema de autorizaciones del Reprocann y se bajaron licencias de producción, entre otras–, en Santa Fe se aprobó la ley de narcomenudeo, que penaliza la comercialización de drogas a escala minorista.

Ante este escenario, los usuarios de sustancias –incluido el cannabis medicinal– se encuentran en un limbo legal, como en los últimos 100 años, ya que no está claro qué está permitido y qué está penalizado.

En ese contexto, el 4 de mayo, en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se llevó a cabo una jornada abierta sobre cannabis medicinal de la que participaron representantes de diversas organizaciones cannábicas de Santa Fe como AUPAC (Asociación de Usuaries y Profesionales para el Abordaje del Cannabis) y la cooperativa Plan Verde, profesionales médicos, legisladores provinciales, abogados y funcionarios del MPA. En representación del MPA asistió la fiscal Valeria Hairugot.

El nuevo plan del MPA sobre los usuarios de drogas en Santa Fe

En dicha actividad, la fiscal Hairugot dio algunas precisiones sobre el plan de MPA que será presentado por la fiscal general, Cecilia Vranicich, en la Legislatura de Santa Fe, el 23 de mayo.

Si bien desde el MPA no dejaron trascender detalles del nuevo programa, Aire Digital pudo saber que la idea es aplicar un programa de intervención integral. En primer lugar, el objetivo es optimizar los recursos y focalizar las acciones en reducir la oferta de drogas. Para eso, se tendrán en cuenta numerosos informes y estadísticas que dan cuenta que la inmensa mayoría de las causas iniciadas por drogas son por consumo personal o tenencia simple. Además, se buscará subir en los eslabones de la cadena de narcotráfico, y no estancarse en los integrantes medios o bajos de las organizaciones.

Desde el MPA destacaron que el plan se elaboró tras arduos trabajos de los equipos técnicos, que incluyó entrecruzamiento de datos, estadísticas e informes de distintas áreas, para establecer un abordaje verdaderamente integral de la cuestión.

Un informe estadístico elaborado por la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad) dependiente del Ministerio Público Federal, permite hacer un análisis sobre las causas por drogas a lo largo del territorio nacional.

Los datos incluyen información relacionada a las causas iniciadas entre 2011 y 2019 y están orientados a la comprensión del complejo fenómeno criminal que representa la narcocriminalidad, entendido como un “fenómeno socio-político de vasto alcance, que atraviesa numerosos aspectos de la vida de la sociedad y que acarrea consecuencias gravemente nocivas a las personas y los bienes”.

En Argentina, entre 2011 y 2019 se iniciaron 202.222 causas. El 46% fue por comercialización de estupefacientes mientras que el 47% fue por tenencia simple o tenencia para consumo personal.

En el aspecto integral del programa, se tendrán en cuenta situaciones de vulnerabilidad social por las cuales las personas, sobre todo los jóvenes, terminan siendo parte de esas organizaciones criminales, como soldaditos o vendedores de droga.

Por otro lado, se buscará intensificar el abordaje en materia de salud pública de los usuarios de drogas, en lugar de un abordaje netamente penal.

Entre las prioridades del MPA está la de hacer foco en reducir los índices de violencia, por lo que las acciones estarán dirigidas a abordar los contextos donde las organizaciones criminales organizadas tengan mayor presencia. También se buscará reducir el acceso a las armas de fuego, abastecido por un mercado negro que nunca pudo ser controlado.

“Las políticas sobre drogas son poco claras”

Matilde Bruera, abogada especializada en derechos humanos, profesora titular de Derecho Penal en la UNR, ex defensora pública y diputada con mandato cumplido, valoró positivamente este cambio en la postura del MPA, aunque reconoció: “Me sorprendió”.

Bruera resaltó la falta información clara destinada a los usuarios de drogas. “Es cierto que los consumidores no tienen idea del estado actual de situación. Las políticas sobre el tema son poco claras. La política es muy confusa”, dijo la ex legisladora a la vez que destacó: “La ley no penaliza a los consumidores. Sin embargo, siempre se los ha perseguido con alguna excusa”.

La especialista en derecho penal supeditó la aplicación del plan del MPA al resultado de la “lucha contra el narcotráfico”, impulsada por el gobierno nacional y el provincial. “Todo depende de cómo venga el tema del narcotráfico. Si sigue la violencia y los homicidios, la mano seguirá dura. Si se calma, se seguirá con la línea de trabajo planteada”, afirmó.

En el mismo contexto, Bruera volvió a plantear su posición contraria a la ley de narcomenudeo. “Es una ley nefasta por varias razones. Primero, porque directa o indirectamente propicia la persecución a consumidores, porque se atacan todas las conductas que están vinculados al consumo: el comercio para el consumo y la siembra para el consumo”, precisó.

Narcomenudeo en la provincia de Santa Fe

“Ha sido la experiencia en las 9 o 10 provincias que se adhirieron: no hizo más que llenar las cárceles de pobres. Siempre fue un instrumento de control social más que de persecución del narcotráfico. Se triplica o cuadriplica la cantidad de presos que son el último eslabón de la cadena. Se trata de pobres que trafican cantidades mínimas”, advirtió la ex diputada.

Para Bruera, el conflicto está radicado en los vendedores minoristas. “Ahí está el problema, porque son los que generan conflictos y violencia. Pero lo que tiene que haber son políticas preventivas de la violencia”.

Otro punto criticado por la especialista en derechos humanos es que la ley de narcomenudeo “tampoco ayuda a investigar el narcotráfico a gran escala. Concretamente, se fractura la cadena de tráfico. El tráfico de drogas es una cadena como cualquier otra actividad comercial”.

Por último, alertó que este tipo de normas “convierten a las adicciones en problema penal y no de salud. Se descuidan las políticas preventivas de violencia, de salud y de inclusión porque todo se concentra en la persecución penal”.