Las empresas de distribución de gas, aquellas que llevan el fluido hasta los hogares y los comercios, plantearon al Gobierno que necesitarán una recomposición de tarifas desde febrero de al menos el 350% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y cifras incluso mayores en el interior del país, según de qué compañía se trate entre las que operan en todo el territorio nacional. Las cifras fueron presentadas ante Enargas y serán parte de la audiencia pública que tendrá lugar el 8 de enero para determinar cómo será el descongelamiento en las boletas, cuyo último aumento tuvo lugar a principio de año.

El proceso de audiencia pública incluye un paso previo que tiene que ver con documentos que las distribuidoras de gas envían a la autoridad del área (Enargas) con sus estimaciones propias de subas necesarias de las tarifas según los criterios de costos acumulados pisados por los últimos meses sin actualización. En esos documentos las firmas plantearon cuál es el escenario para cada una.

Los cargos fijos incluidos en la factura pasarían de tener un rango de entre $847 (menor consumo) y $3.869 (mayor consumo) para los todos los niveles de segmentación, a un arco que va desde los $4.555 a $20.809, en caso de que prosperara el pedido realizado a Enargas. Implicaría un incremento de 437 por ciento.

El proceso de audiencia pública incluye un paso previo que tiene que ver con documentos que las distribuidoras de gas envían a la autoridad del área (Enargas) con sus estimaciones propias de subas necesarias

La opinión de las empresas no es vinculante para la decisión final de la suba de tarifas. “Las opiniones que sean recogidas en la Audiencia no obligan al Enargas a adoptar una decisión sobre ellas en el mismo acto de la Audiencia. Tal como expuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si bien constituyen un ámbito de participación ciudadana en la toma de decisiones no constituyen la propia decisión, que se mantiene inalterada en manos de la autoridad pública”, explica un documento de esa entidad.

“Sin perjuicio de ello, reviste relevancia dado que importa una real participación ya que las manifestaciones realizadas en ese ámbito deben ser consideradas y el Enargas tiene como obligación fundamentar adecuadamente en la decisión final cuáles argumentos han sido receptados y cuáles han sido desestimados y las razones de ello”, menciona.

La opinión de las empresas no es vinculante para la decisión final de la suba de tarifas pero deberá Enargas justificar el nivel de aumentos que habilitará luego para las distribuidoras

La situación de atraso tarifario fue expuesta en números en un informe reciente del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP, que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA), “en diciembre los usuarios residenciales de energía eléctrica y gas natural pagan en promedio el 33% del costo de abastecimiento mientras en restante 67% lo abona el Estado nacional”.

“Debido a que el 80% del costo eléctrico y el 100% del costo de gas están dolarizados, estas proporciones pueden cambiar sensiblemente a partir del salto del tipo de cambio de $400 a $800 pesos por dólar. En ausencia de nuevos incrementos en el precio estacional, es posible que la cobertura de costos se reduzca significativamente”, planteó ese informe.

En términos generales, “los principales subsidios económicos a los sectores Agua, Energía y Transporte tuvieron en diciembre un crecimiento acumulado anual del 75,9% anual respecto de igual periodo del año anterior y por lo tanto su variación real muestra una reducción del 19,6% anual en el período. Hasta los primeros quince días de diciembre se acumula una ejecución del 91% respecto del crédito vigente para los rubros seleccionados”, planteó el observatorio.

Si bien es temprano para estimar el impacto final que tendrá el salto devaluatorio en la estructura de costos, fuentes de mercado estiman que, por ejemplo, para el caso de la energía eléctrica, el encarecimiento de la generación sin que haya un incremento en el precio de las tarifas llevaría al porcentaje de cobertura a mínimos históricos. Para luz y gas podrían quedar incluso por debajo del 10 por ciento. Para tomar dimensión: en la actualidad el segmento de los usuarios con menor asistencia de subsidios cubre el 62% del costo total de la generación, mientras que el N2 -tarifa social- cubre 18% y el sector medio, 23 por ciento.

Si el proceso de recomposición de tarifas saliera tal como planea el Ministerio de Economía, a lo largo del 2024 la cuenta presupuestaria de subsidios debería reducirse en 0,7% del PBI. Es decir, explicaría cerca de un sexto del plan de ajuste total.