Los celulares son, dentro de las prisiones, uno de los objetos más preciados. No solo son utilizados para mantenerse en contacto con los lazos en “el exterior”, sino también para organizar delitos. Ya son incontables las causas en las que aparatos secuestrados en requisas carcelarias develan planes criminales. Por esa razón, Santa Fe impuso una serie de medidas tendientes a hacer desaparecer los dispositivos de las cárceles de la provincia, pobladas por unos 11 mil internos. En lo que va del año, el Servicio Penitenciario incautó más de 2 mil celulares, escondidos en lugares insólitos como ductos, cimientos y cavidades corporales.

Durante los controles, los agentes penitenciarios también encontraron dispositivos dentro de una Biblia, en huecos en las paredes, en colchones, alimentos, cañerías, en el piso, enterrados en patios comunes, en televisores y hasta uno pegado con cintas en el pelo. En resumen, cualquier recoveco es un potencial escondite.

El último caso ocurrió durante una requisa, enmarcada en el operativo saturación, en la Unidad 5 de Mujeres en el Complejo Penitenciario de Rosario. Durante la inspección se detectó metal a un total de 5 internas dentro de su cuerpo. “Informadas del procedimiento, se las invitó a retirar los celulares. Hubo tres internas que accedieron y dos que no. Conforme los protocolos establecidos fueron trasladas a la unidad 11 de Piñero para hacer uso del escáner específico. Se constató que en su interior llevaban objetos metálicos con la exacta forma de los celulares”, detallaron fuentes del caso a Infobae sobre el episodio que se registró este sábado.

Ante la negativa, “se procedió a activar los mecanismos legales para poder hacer la requisa intrusiva, para poder obtener estos celulares. Antes que se realice, las internas decidieron retirar los celulares que ocultaban en su vagina de manera voluntaria”, detallaron.

Este tipo de requisa intensiva es posible tras la sanción de la una nueva Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Fue aprobada en diciembre de 2023, en la Cámara de Diputados de Santa Fe por 46 votos sobre 50 y en el Senado provincial por unanimidad (19 de 19). Fuentes del entorno del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, indicaron que el foco dentro de los muros es esencial para la política de seguridad. “Está claro que quien controla las cárceles, controla las calles. No vamos a dar el brazo a torcer”, señalaron.

En ese sentido, el Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP) de la Policía de Santa Fe, más conocido como Grupo Requisa, volvió a desplegar el sistema de inspecciones por saturación y sorpresivas, en horarios no previstos. Al mismo tiempo, se implementaron protocolos de requisa donde se regula el accionar para el ingreso de visitantes institucionales, visitas de internos y personal a las unidades dependientes.

Por otro lado, se llevó adelante una reubicación de internos Alto Perfil, que se encontraban distribuidos en pabellones de régimen común y sectores de resguardo. En la actualidad, responden a esta categoría 504 presos. De ese total, 64 corresponden al grado más alto de peligrosidad.

En los pabellones que alojan a estos reclusos, se readecuó el régimen de visitas, siendo sin contacto y a través de un blindex. También se eliminó el ingreso de mercadería por visita a los internos de alto perfil que están alojados en sectores de seguridad nivel 1, es decir, de mayor riesgo.

Al mismo tiempo, todas las audiencias judiciales de estos internos son de manera virtual, para lo que se hicieron adecuaciones edilicias y tecnológicas, con la finalidad de evitar traslados de alto riesgo; un movimiento que, además, implica un gran gasto.

Días atrás, Pullaro aseguró: “Estamos siendo muy duros, poniendo mucho orden, porque era lo que había que hacer”. Y agregó haciendo referencia a quienes critican las medidas que impulsa desde su gobierno: “A quienes vienen a hablarnos de DD.HH. y de que los presos son pobrecitos, les decimos: si tan buenos son estos presos, llévenselos a sus casas”.

“No podemos permitir que los presos desde allí manejen organizaciones criminales. No vamos a permitir que desde la cárcel manden a matar y a extorsionar. El Estado dejó de ser el Estado bobo de la provincia de Santa Fe”, sentenció Pullaro sobre la situación que azota a la provincia, y principalmente a la ciudad de Rosario, una de las zonas más calientes por el narcotráfico.

“Aquí los presos no van a cometer más delitos desde la cárcel, no van a tener celular y no es que no les entra comida porque nosotros somos malos: no dejamos que les entre de afuera porque ahí les llevan elementos ilegales y todos lo saben”, concluyó.