El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, anunció este martes el pago de recompensas millonarias para dar con datos fehacientes de los diez delincuentes «más buscados», tanto por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe como por el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Los montos van de los 20 a los 60 millones en una escala definida por la peligrosidad de las personas buscadas, todos hombres, tanto si se aportan datos fehacientes que permitan dar con su captura como si se brinda información que confirme que están muertos. En este caso, el objetivo es no dispersar recursos humanos ni económicos en una búsqueda e incorporar otros nombres a la nómina de diez.

Por ahora, la lista se compone por Matías Ignacio Gazzani (60 millones de pesos de recompensa ofrecida); Brian Walter Bilbao (40 millones), Waldo Alexis Bilbao (40 millones), Vicente Matías Pignata (35 millones), Gerardo Sebastián Gómez (35 millones), Jesús Maximiliano Eusebio (30 millones).

Y culmina con: Facundo Nicolás Aguirre (30 millones), Fernando Sebastián Vásquez (25 millones), Alexis Emanuel Mendoza (25 millones) y Ramiro Gastón Escalante (20 millones).

A ese listado se llegó a partir del trabajo del Bloque de Captura de Alto Perfil de la provincia, que estableció la nómina de prófugos más buscados por la provincia, en un trabajo conjunto con el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Son personas «que tienen pedido de captura por la provincia, por la justicia federal o conjunta», explicó Cococcioni.

La lista tiene directa relación «con la gravedad de los delitos pero más que nada con el riesgo o amenaza que representan estas personas para la seguridad colectiva». «Son personas con antecedentes de hechos de gran violencia de forma directa o de gerenciamiento de organizaciones criminales con capacidad de movilizar redes criminales», explicó el ministro.

Para reforzar este concepto, aclaró que «algunos no tocaron un arma pero son peligrosos por su capacidad de reclutar recursos y gente que sí ha causado o puede causar mucho daño».

En definitiva, son más de 300 millones de pesos que se ofrecen por las distintas recompensas que se pagan luego que se acrediten datos para el esclarecimiento de un caso. «Acá se paga por el dato que lleve a la captura», aclaró el ministro.

El pago se hace en efectivo y en mano, con garantías de anonimato y bajo constancia de la escribanía de Gobierno. «Los datos de identidad (de la persona que aportó información) quedan en reserva y no hay posibilidad de filtración», garantizó.