La Cámara de Apelaciones en lo Laboral (Sala I) confirmó la sentencia del juez Jorge Raúl Candioti que condenó al intendente radical de San Carlos Centro Juan José Placenzotti a retractarse y pedir disculpas a quince trabajadores y trabajadoras que persiguió, estigmatizó y llamó “patota municipal” porque ejercían su derecho de huelga por salarios adeudados, en 2021.

El juez ya había dicho que la actitud de Placenzotti era “ofensiva y desacreditante” y ahora la Cámara lo ratificó: “Esa sola palabra: ‘patota’ ya es ofensiva”, más en una ciudad pequeña. El “proceder” del intendente no tiene “ningún justificativo” para “calificar de patota municipal” a los huelguistas, con el “agravante” de que también publicó sus nombres y apellidos en la página oficial del municipio, “lo que lógicamente presupone un impacto para cualquier lector por las connotaciones que eso tiene”, dijo el tribunal.

El veredicto impone el pago de los gastos del pleito al “vencido” que es Placenzotti y abre las puertas para un segundo juicio por “daños y perjuicios” en el fuero civil, que será otro costo del apriete.

“Es un fallo histórico”, le dijo el abogado Juan Andrés Pisarello, quien promueve la demanda, al diario Rosario 12. Porque protege “derechos personalísimos de los trabajadores sindicalizados en conflictos colectivos”. Y condena a una patronal pública, en este caso la Municipalidad de San Carlos Centro, a “retractarse públicamente por destratar a trabajadores cuando ejercían el derecho de huelga”.

El operativo de Placenzotti comenzó en marzo de 2021, cuando publicó los nombres de los huelguistas en el portal del municipio: “La patota municipal impide el derecho a trabajar y pone en riesgo la salud e higiene de la población”, era el título del panfleto. Los trabajadores le pidieron que se retractara en público, pero como no lo hizo, denunciaron la “persecución” y la “actitud discriminatoria” ante la justicia.

En la causa, Pisarello logró probar que durante la huelga, Placenzotti “llamó ‘patota sindical’ a los trabajadores que reclamaban”, difundió sus nombres en “el portal oficial” del municipio y remitió copia a los medios de la zona. “Todo eso se comprobó en el expediente”, explicó el abogado.

“Los trabajadores y trabajadoras se sintieron vulnerados por el escarnio público”. “Muchos no pudieron desarrollar otra actividad laboral porque en la ciudad y en pueblos aledaños los habían individualizados como ‘patoteros’”. Y otros, “recibieron tratamiento médico profesional por la tristeza y vergüenza” que sufrían y el “temor a más represalias”.

El 27 de mayo de 2022, el juez Candioti (Laboral 1ª) les dio la razón a los trabajadores y condenó a Placenzotti a retractarse y pedir disculpas. “Patota es un grupo que suele darse a provocaciones, desmanes y abusos en lugares públicos”. “Una calificación ofensiva y desacreditante”, explicó el magistrado.

Por lo tanto, la actitud de Placenzotti revela no sólo una “falta de cautela y prudencia” en el conflicto, sino también una “incuestionable intención de desacreditar y ofender” a sus perseguidos. La “publicación” del intendente lesionó “derechos personalísimos” de los trabajadores y les causó “un evidente perjuicio al honor y a la reputación”, más allá de que después fuera “eliminada” del portal.

Este semana la Cámara confirmó el fallo del juez Candioti y la condena a Placenzotti. “Lo primero que llama la atención” –señaló el tribunal en el primer voto de la jueza Julia Collado- es que el intendente diga que “su conducta era legítima”, pero al mismo tiempo “suprima la publicación” de “La patota”, que originó la demanda.

“El eje del debate es el contenido de la publicación. Lo que se debe dilucidar es si las expresiones vertidas en el artículo ‘La patota municipal…’ afectan los derechos de los reclamantes”, se planteó la Cámara. Y su respuesta fue sí. Citó la misma definición de la Real Academia Española –que utilizó Candioti- que asocia “patota” a la violencia de “provocaciones, desmanes y abusos en lugares públicos”.

“Claramente, esa sola palabra: patota ya es ofensiva”, más en un “un contexto de mediatización” en una ciudad como San Carlos Centro, tal como lo pondera el juez de primera instancia”, agregó la Cámara, según publicó el medio mencionado.

“Ningún calificativo valida el proceder” de Placenzotti de calificar de “patota municipal” a los trabajadores en huelga, con el agravante de que publicó sus nombres en el portal del municipio, “lo que lógicamente presupone un impacto para cualquier lector con las connotaciones que eso tiene”. En el caso, “no estamos ante una interpretación subjetiva” del juez Candioti, sino “frente a un accionar ofensivo y desacreditante” del intendente de la UCR.

Por lo tanto, la Cámara confirmó la condena a Placenzotti y le impuso el pago de las costas al “vencido”, que es el intendente. La sentencia salió con los votos de la jueza Collado y de su colega José María Pfeiffer y la abstención del tercer vocal de la Sala I, Marcelo Giuliani.

Pisarello dijo que esperaba que Placenzotti “acepte la sentencia y asuma su accionar contrario a derecho”. Pero si apela, ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia “seguirá defendiendo a los trabajadores de esta injusticia que han vivido por ejercer el constitucional derecho a huelga”.

Comunicado del gremio

El Sindicato de Trabajadores Municipales de esa ciudad dijo en un comunicado que “el de San Carlos Centro es el municipio con mayor litigiosidad en la provincia y cada una de estas causas las lleva adelante la representante legal del municipio, esposa de Jorge Placenzotti(ex intendente y padre del actual intendente), constituyendo así una industria del juicio desde la Municipalidad. Un municipio tan chico afrontando gran cantidad de juicios que eran evitables y con yerros muy evidentes demuestra que o la gestión jurídica del municipio es muy mal administrada, o que está administrada para generar un gran caudal de honorarios. (Y adivinen quién cobra esos honorarios…)”.

“Ahora la Municipalidad deberá afrontar millonarios juicios por daños y perjuicios. Los contribuyentes pondremos el dinero para pagar esos juicios a través de los impuestos que mensualmente pagamos y la representante legal percibirá una millonaria suma por llevar adelante esas causas judiciales.

Para la ‘Familia Real’, un negocio absolutamente redondo, y para el municipio y la comunidad un gravísimo perjuicio económico – financiero”, denuncian desde el SITRAM.

“Ejercitemos la memoria. Recordemos esto en los momentos fundamentales de nuestra vida democrática. Recordemos también a un intendente que dijo que ‘sólo nos cuentan la historia con el ojo izquierdo’, haciendo gala de un negacionismo absoluto sobre la innumerable cantidad de crímenes de estado cometidos durante la dictadura militar. Recordemos el astronómico salario de la representante legal del municipio. Recordemos a un ex intendente (bastante adulto, el señor), agrediendo salvajemente a un niño en el Paseo Parque de la ciudad, donde además mágicamente desaparecieron las cámaras de seguridad. Recordemos el maltrato y la opresión que a diario deben sufrir los empleados municipales, a los que además se les está pagando mal el salario por ‘cálculos erróneos’ en los porcentajes de las negociaciones paritarias desde hace más de 3 años”, concluye el comunicado del gremio.