Con 48 votos a favor y nueve en contra, el Senado convirtió en la ley el proyecto de alcohol cero al volante, que prohíbe conducir en todas las rutas nacionales del país con alcohol en sangre.

La iniciativa modifica el artículo 48 de la actual ley de tránsito para reducir la cantidad permitida de alcohol por litro de sangre en los conductores, que actualmente es de 500 miligramos (0,5), a cero en todo el territorio nacional. Para motocicletas o ciclomotores era de hasta 200 miligramos (0,2) y para transporte de pasajeros de menores de edad y de carga, ya regía la tolerancia cero.

El proyecto fue elaborado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), asociaciones de familiares de víctimas de tránsito y legisladores nacionales. Se presentó en el Congreso en abril de 2021, fue sancionada por la Cámara de Diputados el 24 de noviembre pasado por una mayoría de 195 votos, el 1° de diciembre último recibió dictamen favorable en comisión en la Cámara alta y quedó en condiciones de ser convertido en ley, algo que sucedió este jueves.

Ahora resta que el Poder Ejecutivo nacional la reglamente para que empiece a regir, lo que se espera que ocurra en los próximos días.

Actualmente, 13 provincias y más de 40 municipios del país tienen una ley de alcohol cero en sus territorios, según datos de la ANSV. La última en sumarse fue Buenos Aires, que sancionó la ley en diciembre pasado, a la lista integrada por Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán y Chubut.

Otras provincias, mientras tanto, resistían la medida. Desde Mendoza, los bodegueros, con apoyo del Ejecutivo local, rechazaron vehemente la iniciativa legislativa y salieron a presionar para ponerle freno o, al menos, introducir algunas modificaciones para hacerla más flexible. Entre sus argumentos señalaron que podría tener un fuerte impacto en el turismo y la actividad vitivinícola. Como alternativa, propusieron un endurecimiento de medidas –multas más severas– o segmentar a los consumidores al volante de acuerdo con el grupo etario, actividades profesionales o capacidad de conducción.