Este lunes se realizará la audiencia en la Cámara de Apelaciones, donde los abogados de los tres condenados brindarán los argumentos por los que cuestionan la sentencia de los jueces de primera instancia.

Cabe recordar que Ayrton Tomás Gamarra, Brian Alexander Muñoz y Leandro Exequiel Monzón fueron condenados a 13 años y medio de prisión por ser coautores del robo calificado ocurrido en 2021 en la vivienda del matrimonio Engler. Las víctimas quedaron con graves secuelas en su salud física y mental, incluso remigio murió tiempo después.

El escrito lleva la firma de los jueces Susana Luna, José Luis García Troiano y Gustavo Urdiales y repasa la prueba producida en el juicio, que condujo a la condena unánime de los tres acusados como coautores de robo calificado por causar lesiones graves y por ser en poblado y en banda.

Violento robo

El tribunal repasó los testimonios aportados por los policías que realizaron la investigación, así como por los médicos que atendieron al matrimonio tras la salvaje golpiza, sus familiares, que detallaron cómo quedó afectada la vida cotidiana de la pareja, y los médicos que detallaron el estado de salud de las víctimas.

El violento robo ocurrió el 9 de marzo de 2021, cerca de las 7:30, en la vivienda del matrimonio, ubicada en Lavalle al 2000: “Surge que los tres imputados se encontraban el día y las horas aproximadas del violento robo en la ciudad de Esperanza y merodeando la zona del delito”, destacaron los jueces en los fundamentos.

Un vecino, testigo del robo, recordó que “viven enfrente mío, los vi de vereda a vereda a estas personas, eran cinco o seis, físicamente eran altos como yo, morrudo, uno bajito y el que más identifiqué el más alto y robusto que en las observaciones que tuve en el Tribunal fue el número dos. En reconocimiento que hice pude identificar a dos, uno era la persona que salía de adentro de la casa con un bolso. Había una distancia de 6 metros desde donde los pudo ver, de vereda a vereda”.

Los jueces cuestionaron que, si bien el defensor del imputado Muñoz sostuvo la inocencia, y que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, la defensa «debía explicar al menos por qué razón se encontraba en dicho punto geográfico, a metros del domicilio vulnerado y en horario tan próximo a la producción de este. Como dijera en sus alegaciones finales, si los acusados “eran perejiles”, debió dar una explicación acerca de los motivos que llevó al encartado a Esperanza, siendo que trabaja y vive en Santa Fe y tan solo estuvo en el lugar entre cuarenta y cincuenta minutos, para luego regresar a Santa Fe capital”, sostuvo el tribunal en los fundamentos.

El vehículo utilizado para cometer el hecho fue secuestrado en el marco de uno de los allanamientos

Muñoz fue ubicado en el recorrido de Santa Fe a Esperanza, en inmediaciones del domicilio de las víctimas y en su regreso a Santa Fe por ruta hacia la localidad de Frank, todo recorrido detectado por medio de los distintos puntos de impacto de su teléfono celular. Los jueces recordaron que esta misma pericia permitió el allanamiento del 12 de abril en su domicilio, donde se secuestró el automóvil VW Passat, utilizado para cometer el robo, que fue detectado por las cámaras en los alrededores de la zona del hecho.

“Todos los testigos que declararon en la causa, relacionados con la investigación del caso Engler, fueron coincidentes a la hora de situar a los imputados en el lugar de los hechos, a partir de los datos objetivos de geolocalización que aportaron y que no fueron desmoronados por las defensas”, sostuvo el tribunal.

Respecto al imputado Monzón, “queda directamente vinculado a los restantes acusados: surge indubitable que siendo las 6,30 se dirigió hacia Esperanza, pese a férrea negativa del acusado y su defensa de haberse encontrado en el lugar. No se aportó ningún elemento probatorio defensivo que acredite su presencia y/o permanencia en Santa Fe u otro lugar geográfico diferente, o bien ponga en dudas la prueba relacionada a los impactos de antenas de su celular que aportan el dato mencionado y que fueran incorporados por los testigos encargados de la investigación”, remarcan los fundamentos del tribunal.

El tribunal también valoró los planteos de las defensas en relación a la falta de investigación de otras personas: “No observo de qué manera la existencia de otra u otras personas intervinientes en el hecho puedan deslindar la responsabilidad de los mismos. (...) Los acusados se conocían entre sí, estuvieron el día y en las horas aproximadas a la ejecución del hecho en la localidad esperancina y por el tiempo que duró el robo, retornando a la ciudad de Santa Fe, donde los tres residen. Nada de relevancia y/o contundencia probatoria desmoronó la prueba acusatoria o puso en dudas la misma”, precisa el escrito de los magistrados.

La investigación estuvo a cargo de la Agencia de Investigación Criminal.

Graves secuelas en la salud

En cuanto al nivel de las lesiones padecidas por las víctimas “resulta una obviedad que las víctimas eran personas avanzadas en la tercera edad (…) No podían desconocer que estaba en presencia de adultos muy mayores que, por el solo devenir de los años, podían contar con problemáticas de salud que los colocaba en una posición de mayor vulnerabilidad, y haciendo innecesario que los perpetradores actúen con desmedida violencia y brutalidad para reducir la resistencia de las víctimas”.

Los jueces repasaron en este punto cómo fue la asistencia médica, primero, por los detalles que dio una de las hijas de las vícitmas: “Fuimos al SAMCO local, nos indican que vayamos al Sanatorio Esperanza que ahí sería atendido, veía que tenía el rostro desfigurado, su boca partida, sus brazos sangraban, tenía lastimada las manos, le pedía que me mire y me diga algo y que no me deje, era época de Covid entonces no permitían entrar a todos. Derivaron a mi mamá a clínica privada, yo seguí con mi papá, me pidió ir al baño, mi papá empieza a vomitar sangre, coágulos de sangre, a mí se me aflojan las piernas y lo que recuerdo es que empezaron a correr médicos y enfermeras y yo quedé afuera y recuerdo pedirle a Dios que no sea su último momento, que no merecía irse así. Me dijeron que lo llevaban a terapia, (…). Era una situación angustiante, terrible”.

“En terapia nos dejaron pasar, yo lo hablaba a mi padre y recuerdo sus ojos celestes en la profundidad de cara negra por los golpes, lo hablé aunque estaba en estado crítico, que no me deje sola, que no era el momento y así transcurrieron los días,… Luego lo llevé a centro de rehabilitación, con acompañante terapéutico, también a una psiquiatra, un hombre como él tan independiente, inteligente y solidario, dedicado a la familia, socio fundador de bomberos voluntarios, participó en la vecinal del arco, club de bochas, tenía muchísimos amigos. No podía salir adelante, a veces lo veía sentado en la penumbra, al lado del calefactor… Los dos tenían terrores nocturnos, se encerraban, pusieron alarmas, rejas, cerraduras. (…) Yo necesitaba que vuelva a ser lo que era, activo, y se fue apagando día tras día. (..) Después él falleció, mi mamá está totalmente imposibilitada de caminar, atendida por psiquiatras, con fobias, miedos, está en un hogar”, repasa el testimonio.

En relación a las secuelas físicas, el tribunal repasó las declaraciones de los médicos: el internista que los vio en el hospital el mimo día del hecho, quien recordó que el hombre estaba internado en terapia intensiva con politraumatismo, era un hombre de 85 años y era un paciente anticoagulado. En relación a la mujer, recordó que no estuvo en terapia, “pero revestía la misma gravedad. Las lesiones eran graves desde el punto de vista médico, el tiempo de curación aproximado no menos de sesenta días”.

El médico policial que asistió a las víctimas en el domicilio y luego por requerimiento fiscal; el testigo recordó que “los vi quince o veinte días después del hecho. Había claros indicadores en ambos de estrés post traumáticos”.

También declararon dos psiquiatras que asistieron a las víctimas: en relación al hombre, sostuvo que el hecho “trajo consecuencia en su salud mental, el estrés post traumático es un trastorno que presenta ansiedad, angustia, temor, irritabilidad, afectó en su desempeño normal. Lo atiendo desde junio de 2021 en cinco oportunidades, presentaba síntomas de mucha ansiedad, angustia, insomnio, sueños vívidos, temor a salir de su casa, afectó sus relaciones interpersonales, no iba al club donde se reunía con amigos, reuniones familiares. Lo trató hasta fines de 2022″.

Otra psiquiatra valoró que el hombre “tenía estrés postraumático, mucho dolor moral, mucho temor a sufrir lo mismo, muchos síntomas físicos, que antes no estaban aparentemente, le costaba caminar, avejentado respecto a lo que estaba”. En relación a la mujer, sostuvo que “en 2022 reaparece con una reactivación de los síntomas, mucho miedo, necesidad de control familiar, terror a que la familia se demorara cinco minutos, no salía, deterioro cognitivo, fallas de memoria, empeora sus síntomas físicos, somatizaciones, que hacía que ocurriera a cuanto médico se le ocurra, miedo a enfermar y ser dependiente”.

“De esto se desprende, sin margen a duda alguna, que las lesiones fueron graves no solo desde lo físico, sino también desde lo psicológico. Las lesiones impartidas no solo superaron ampliamente su recuperación los treinta días, sino que además ocasionaron en el matrimonio un debilitamiento progresivo en su salud en general, que, sumado a sus edades, – (que no eran ni podían ser desconocidas para los agresores al menos visualmente)-, incluso pusieron en peligro la vida de estos. Demás esta decir, que tales lesiones fueron consecuencia directa del robo perpetrado”, valoró el tribunal.

El hombre falleció en 2023 sin haber logrado recuperarse, y la mujer se encuentra internada en un centro de cuidados especiales para personas ancianas, también con evidentes secuelas por lo sucedido.