La oferta era tentadora. Ganar en dólares por unas horas de trabajo frente a una cámara haciendo contenidos. Si eran sexuales, mejor. Pero todo se transformó en una pesadilla. Según revelaron a Infobae fuentes judiciales, tres de las jóvenes que trabajaban ahí se presentaron como víctimas en la Justicia: relataron cómo eran forzadas a subir cada vez más el tono de esas producciones, aún en contra de su voluntad; cómo les retenían el dinero que generaban y cómo las obligaban a estar durante todo el día con consoladores manejados electrónicamente que las lastimaban. De acuerdo a esos testimonios, una de ellas llegó a ser penetrada en vivo por sus compañeras y otra transitó un aborto en vivo y el material fue registrado para comercializarlo en la dark web.

La investigación, que comenzó hace tres años, derivó en una veintena de operativos que realizó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en distintos puntos de la Capital Federal, Gran Buenos Aires y Rosario, donde se detuvo a 17 personas. Diez de ellas permanecen tras las rejas, sospechadas de haber integrado una organización dedicada a captar, trasladar y acoger personas, en su mayoría mujeres de nacionalidad argentina, colombiana y venezolana, con el fin de explotarlas sexualmente a través de la producción de fotografías y transmisiones en vivo -vía streaming-.

La causa se inició con la denuncia de una ONG ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), y está cargo del juez Sebastián Casanello y la fiscalía federal 1, con la intervención de la secretaria Juliana Márquez. El foco estuvo puesto en un estudio fotográfico “Argentina Studio”, de la calle Bolívar y Estados Unidos. Pero la investigación determinó que lo mismo ocurría en hoteles y viviendas de la avenida Cabildo al 3000, San Juan al 1200, Piedras al 500, México al 600 o Güemes al 3600. También en la calle Montevideo de la ciudad de Rosario.

Las chicas llegaban hasta allí a través de anuncios en páginas web o redes sociales. Se veían estudios fotográficos donde les ofrecían la oportunidad de entrar a la industria del modelaje web cam. Les prometían capacitaciones y la infraestructura: equipamiento de alta tecnología, soporte técnico, monitoreo, asesoramiento e instalaciones acondicionadas a fin de generar contenido audiovisual que se transmitiría online “en el marco de un espacio legal y profesional”.

A cambio, prometían que cada una tenía garantizada una ganancia mínima inicial de entre 300 y 1000 dólares estadounidenses a pagarse en forma quincenal. Todo, en negro.

Si la chica estaba interesada, la citaban para una primera entrevista en un hotel de la calle México al 600. La recibía una mujer, que se presentaba como jefa y administradora del lugar. Les explicaban que el contenido de su performance no tenía que ser estrictamente de índole sexual. Podían cantar, bailar, tocar un instrumento… Mientras tuviera audiencia, estaba bien. Las transmisiones, decían, era de lunes a sábado durante seis u ocho horas. Podían frenar “en cualquier momento”. El domingo era opcional. También les indicaba que las plataformas digitales serían manejadas y monitoreadas constantemente por personal del estudio, y que el pago sería quincenal según la ganancia generada, de la cual el estudio retendría un 50 por ciento por los servicios prestados. Así las cosas, tenían que firmar un documento titulado “contrato de colaboración”.

El acuerdo señalaba: “el/la modelo tiene absoluta libertad en cuanto al contenido, duración, alcance y características del servicio que habrá de producir, como así también detenta el libre ingreso y egreso al establecimiento en los horarios disponibles por la empresa hotelera que se contrate a tal efecto, pudiendo negarse a realizar cualquier acto o acción que le fuera solicitado y sin que ello le generase ningún tipo de obligación de resarcimiento de ninguna índole y con ningún alcance”. También establecía que “el/la modelo no tiene subordinación hacia La Administradora, ni esta última puede impartirle directivas ni ejercer poder sancionatorio”.

Con el papel firmado, las chicas eran citadas entonces para la primera “capacitación”. “Coachs” las invitaban a contar sobre su vida privada y compartir sus miedos y vulnerabilidades. También se les asignaba una sede en alguno de los hoteles o estudios en donde operaban, con horarios a cumplir, un perfil bajo un seudónimo y un jefe directo denominado “monitor” que estaría ubicado en otra habitación dotada de pantallas que difundía las transmisiones de las chicas en simultáneo. Eran esos jefes los que interactuaban con la audiencia haciéndose pasar por ellas. El contenido, les decían, no se difundía en Argentina.

Según la investigación, en esta primera etapa, las presuntas víctimas eran tratadas con amabilidad. Todo funcionaba de acuerdo a lo pautado. Pero con el paso del tiempo, las condiciones reales cambiaron: violencia, amenazas, intimidaciones y aprovechamiento.

Las obligaban a comprarse lencería y consoladores que eran manejados remotamente por el cliente, y que a muchas les generaron daños físicos. Regía un sistema de multas y endeudamiento en donde nunca se llevaban lo que les habían prometido. Las penalidades eran en dólares por llegar tarde, faltar, demorarse en el baño, oponerse a la realización de producciones de fotos e incluso pedir cortar para comer.

Entonces, les exigían trabajar más horas y realizar actos sexuales cada vez más “explícitos y extremos” en contra de su voluntad, tanto durante las transmisiones en vivo como en las sesiones fotográficas. Les advertían que no habían logrado generar ganancias suficientes. “Así, durante algunas de las sesiones fueron obligadas a atarse y penetrarse entre sí mediante la utilización de un dildo”, señala la acusación a la que accedió Infobae.

Cuando anunciaban que se irían, la amenaza era difundir ante sus familiares el material que habían generado. Al haberlas entrevistado, conocían las debilidades emocionales. La mayoría eran madres jóvenes, cuyos parientes no sabían dónde trabajaban. Si eso no alcanzaba, les recordaban que sabían dónde vivía cada una e, incluso, las amenazaban con hacerle daño a sus familiares. Humillación y amenazas.

Según consta en la causa, la “víctima 1″ habría sido sometida a practicar un aborto y transmitirlo en vivo mediante las plataformas virtuales. Todo ocurrió en la calle Bolivar al 800. La joven le contó a su “monitor” que había quedado embarazada. Su jefe le dijo que no podría tener el bebé porque “ya era grande” y “cuando tuviera 35 ya no le iba a servir” al estudio. Entonces le facilitó el contacto de la persona que le suministró pastillas abortivas. Pero le aclaró que si se tomaba un día adicional sin trabajar (además del único que le permitían tomarse por motivo de menstruación), debería recuperar las horas perdidas: trabajar 16 horas seguidas.

La chica entonces asistió a trabajar. La organización registró su aborto en vivo, vía streaming. Había dos cámaras especialmente colocadas para registrarla. Una la filmaba de la cintura para arriba, como habitualmente. La segunda la filmó de la cintura para abajo, pero iba para la dark web. Le decían a qué clientes hablarles y la obligaron a colocarse el dildo que se manejaba vía Bluetooth. En un momento tuvo que correr al baño: en un cuadrado sin luz ni agua terminó expulsando la placenta y debió volver a retomar con la grabación. Tenía miedo que la filmación se cortara y le generaran más deudas, señala la causa.

La acusación sostiene que además eran incitadas a consumir alcohol y se les proporcionaban estupefacientes para profundizar su sometimiento y la explotación. El escenario se completaba con el control financiero que el grupo criminal ejercía sobre las ganancias generadas por las presuntas víctimas a partir de la obtención de “tokens”, moneda de cambio utilizada en las plataformas.

Fueron tres años de investigación -que incluyeron tareas de campo, vigilancias fijas y móviles, intervenciones telefónicas y relevamiento de redes sociales-a ordenar finalmente los procedimientos coordinados en distintos puntos del país: 16 allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en la Capital Federal, el Gran Buenos Aires (en Morón y en Olivos) y en Rosario, provincia de Santa Fe, donde secuestró altas sumas de dinero en efectivo, juguetes sexuales, lencería erótica, estupefacientes, decenas de dispositivos electrónicos, tarjetas de débito y crédito.

También incautó los criptoactivos de su operatoria financiera, cuando se logró congelar las billeteras virtuales y transferir sus fondos a una cuenta judicial creada especialmente: 0.26320805 BTC con una valoración aproximada en el mercado de 2.420.085,56 pesos. Especialistas en criptoactivos de la PSA trabajaron en la tarea.

Además se hicieron presentaciones en sedes bancarias. El operativo incluyó la incautación de 3.447.355,56 pesos, 231.374 dólares y 16.900 euros; 39 teléfonos celulares, 37 tarjetas SIM, 44 CPU, 28 notebooks, cinco PC, dos tabletas, 32 pendrives, 10 discos externos, ocho memorias externas, seis DVR, seis posnets; además de decenas de elementos de filmación y una máquina contadora de billetes. También incautaron 195 gramos de marihuana, ocho pastillas de metanfetamina; una camioneta, dos motos, un arma de fuego larga de combate, un chaleco antibalas, tarjetas de débito y crédito y numerosa documentación de interés para la causa.

En total fueron detenidas 17 personas. Diez de ellas están sospechadas de formar parte de la organización y permanecen bajo arresto. Hay ciudadanos argentinos y colombianos. Sus nombres, por ahora, se mantienen en reserva. En sus indagatorias, negaron las acusaciones y pidieron su excarcelación, pero la Cámara Federal lo rechazó. El juez y la fiscalía profundizaban las diligencias. En las próximas horas se definirá si quedan procesados con prisión preventiva.