El 29 de abril de 2003 fue la jornada que dio comienzo al ingreso de las aguas por los barrios del oeste de la capital santafesina, justamente en un sector inconcluso del anillado defensivo contra inundaciones que había sido inaugurado por el gobierno provincial.
La inundación causó la muerte de 158 personas, contabilizando las 23 reconocidas oficialmente por la administración del entonces gobernador Carlos Reutemann y las atribuidas a secuelas, en un trabajo realizado por la Casa de Derechos Humanos de la ciudad.
Entre las tantas imágenes desgarradoras en los barrios de la ciudad, dos de las fotos más recordadas fueron las de los estadios de Colón y Unión tapados por el agua.
También se prevén actos por parte de las agrupaciones de vecinos que sufrieron las consecuencias de la crecida, como la Marcha de las Antorchas y la Carpa Negra.
En esas inundaciones, los barrios más afectados fueron los del oeste y del norte, situados a la vera del río Salado, pero el agua también llegó al centro y a cercanías de la Casa de Gobierno.
En barrios como Santa Rosa de Lima, Chalet, El Arenal y Roma, el agua tapó las viviendas y permaneció durante varios días, lo que provocó que unas 130 mil personas, de los barrios más humildes, perdieran todas sus pertenencias.
Los centros de evacuados montados en escuelas y estaciones de trenes, el voluntariado, los operativos sanitarios y de seguridad, en los que intervino el Estado nacional, fueron algunas de las instancias que paliaron situaciones de extrema vulnerabilidad social agravadas por la tragedia.
El reclamo en la Justicia
La crecida motivó una causa judicial que tuvo su último episodio en febrero de 2019, cuando el juez Octavio Silva condenó a tres años de prisión condicional al ex ministro de Obras Públicas de la provincia, Edgardo Berli, y el ex director de Hidráulica, Ricardo Fratti, hallados culpables del delito de estrago culposo.
No llegó a ser condenado el tercer imputado, el entonces intendente de la capital provincial, Marcelo Álvarez, quien murió en abril de 2018.
